Interior adjudica los contratos para el apoyo a la seguridad exterior en las prisiones madrileñas, extremeñas y castellano-manchegas tras varios intentos fallidos | La Guardia Civil viene asumiendo esas funciones desde enero de 2020

Los vigilantes privados volverán dos años después a prestar servicios de apoyo a la seguridad exterior en las cárceles de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura después de que el Ministerio del Interior haya adjudicado esta semana los contratos tras varios intentos fallidos. Ello permitirá asignar en las próximas semanas a otros cometidos a las decenas de guardias civiles que desde enero de 2020 vienen encargándose de esas tareas.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, firmó el pasado jueves las seis resoluciones por las que se encarga a cinco empresas labores de control exterior en las prisiones que gestiona la Administración General del Estado -todas excepto las catalanas y vascas- por un importe máximo de 40.251.827,1 euros (impuestos incluidos), a razón de 3,35 millones al mes.

El plazo de ejecución es de un año, según se detalla en el anuncio de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Interior tendrá que formalizar ahora los encargos con las adjudicatarias, por lo que previsiblemente no empezarán a prestar servicio hasta el mes de marzo.

De esta forma, Interior logra solventar el problema que se había suscitado a finales de diciembre de 2019, cuando quedaron desierto los lotes correspondientes a los centros penitenciarios madrileños, extremeños y castellano-manchegos al no recibirse ninguna oferta en el concurso tramitado ese año con vistas a que fuera efectivo el 1 de enero de 2020. De las seis empresas invitadas a participar en dicho procedimiento restringido de contratación (Clece Seguridad, Compañía de Vigilancia Aragonesa, Eulen Seguridad, Garda Servicios de Seguridad, Protección y Seguridad Técnica, y Trablisa), ninguna mostró interés por este paquete.

Para hacerlo más atractivo y evitar que volviera a quedar nuevamente desierto, el departamento que dirige Grande-Marlaska ha elevado el presupuesto un 7 % (de 8.353.840 a 8.938.608,8 euros) y lo ha troceado en dos lotes: uno incluye dos prisiones de Madrid y todas las de Castilla-La Mancha y el otro las cinco madrileñas restantes y las de Extremadura.

De las diez empresas invitadas a este procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, tres pujaron por el primer lote (Trablisa, Segurisa y Garda) y cinco por el segundo (Clece, Compañía de Vigilancia Aragonesa, Prosetecnisa, Secoex, Sicor y Trablisa). Finalmente se han encomendado a Garda (4.813.694,6 euros) y Trablisa (4.124.914,2 euros), por el mismo orden.

El Ministerio del Interior contrata desde hace años a empresas privadas para que se encarguen de la seguridad en los puntos de acceso, los puntos fijos, el impedimento de los tránsitos no autorizados, la observación de los sistemas técnicos de vigilancia y la comunicación de alarmas e incidencias en las prisiones, a fin de que los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se dediquen a la custodia de los presos fuera de los complejos penitenciarios y al traslado de los mismos.

Al no haberse podido encomendar los servicios de apoyo a la seguridad exterior con compañías privadas en las prisiones de las tres citadas comunidades autónomas en los dos últimos años, la Guardia Civil ha tenido que asumir estas tareas en los centros penitenciarios repartidos por Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Las fuentes consultadas por este diario descartan que los agentes que han venido cubriendo la falta de vigilantes en estas cárceles pasen a desempeñar a partir de ahora tareas de seguridad ciudadana, sino que reforzarán los traslados de presos a hospitales, juzgados u otras prisiones (conducciones) y realizarán labores de vigilancia perimetral de los centros penitenciarios.

Garda no sólo se encargará de la seguridad exterior en las prisiones de Castilla-La Mancha y en dos de las de Madrid. La empresa zaragozana también continuará en los centros penitenciarios de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja (10.004.146,90 euros), al igual que la Compañía de Vigilancia Aragonesa seguirá en Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra (8.437.559,90n euros). Eulen Seguridad repite como adjudicataria en Canarias, Ceuta y Melilla (4.155.591,1 euros), mientras que Sicor Seguridad El Corte Inglés SL (8.715.920,40 euros) releva a Prosetecnicsa en Andalucía.