La operación Orión Madrid de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas se saldó el 31 de mayo de 2021 con la detención de cuatro funcionarios que prestan servicio en la prisión madrileña de Valdemoro (Madrid III). Tres de ellos fueron encarcelados durante cuatro meses y medio en la prisión de Estremera (Madrid VII), señalados por el director de Valdemoro y varios presos a los investigadores y acusados de tráfico de drogas en la cárcel, entre otros delitos. El cuarto funcionario se libró porque el director reconoció haberse equivocado al dar su nombre a la Guardia Civil. Luego se demostró que eran inocentes y el 25 de mayo de 2022 se archivó por completo la causa judicial contra ellos. Pero Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP) y número uno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en temas de Prisiones, lejos de congratularse por ello, dijo el pasado 10 de junio durante una reunión con representantes sindicales que respaldaba la actuación del actual director de la prisión de Valdemoro (Madrid III) en este caso, aunque los trabajadores de la cárcel eran inocentes.

La reunión donde Ángel Luis Ortiz ratificaba públicamente al director de la cárcel de Valdemoro, José Antonio Luis de La Iglesia, tuvo lugar durante la inauguración oficial de una nueva panadería dentro de la prisión. Todo ello ocurrió ante la estupefacción de los representantes sindicales de Prisiones en Valdemoro, que conocen la inocencia de sus compañeros de primera mano. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, a quien acompañaba el máximo responsable de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, echó la culpa del error que acabó con cuatro funcionarios detenidos, tres de ellos encarcelados y los cuatro de baja psicológica por el trauma sufrido ellos y sus familias, al «atestado de la Guardia Civil» y respaldó totalmente y sin fisuras al todavía director de Valdemoro, José Antonio Luis de la Iglesia durante la media hora que duró la reunión informal.

La charla de Ángel Luis Ortiz venía como respuesta a una carta enviada por los sindicatos con representación en Valdemoro -ACAIP-UGT, APFP, CCOO y CSIF- el 31 de mayo de 2022 al ministro del Interior. En esta misiva los representantes de los funcionarios pedían que se cerrase el expediente administrativo abierto contra los tres funcionarios que fueron a la cárcel, que se les restituyera en sus puestos de trabajo y que se cesara al director de la cárcel de Valdemoro, José Luis de la Iglesia. El secretario de Prisiones les prometió que el Ministerio del Interior «estaba elaborando una respuesta» a estas peticiones. Nada de esto ha ocurrido todavía, ni Interior les ha respondido ni han tomado en cuenta las peticiones.

Según uno de los presentes en aquella reunión en Valdemoro del director de Instituciones Penitenciarias con los sindicatos, «Ortiz nos vino a decir que la culpa era de la Guardia Civil. Y que creía al director y que gracias al director no habían metido preso al que solo estuvo tres días detenido».

Se refería Ortiz al cuarto funcionario, llamado Miguel Ángel, que no llegó a ingresar en la cárcel porque José Luis de la Iglesia, el director de Valdemoro, acudió a la juez para rectificar los datos ofrecidos unos días antes a la Guardia Civil, que provocaron las cuatro detenciones. El director dijo que se había equivocado de Miguel Ángel «porque había muchos», al señalar en concreto a este funcionario, que desde 2018 trabajó en la sección abierta de la prisión y, por tanto, no podía haber introducido droga alguna dentro de la cárcel, uno de los delitos de los que se acusaba a los cuatro funcionarios detenidos.

Miguel Ángel sigue de baja psicológica por estos hechos y ha pedido una reunión al Secretario General de Instituciones Penitenciarias para «sacarle de su error y aportarle los datos que lo desmienten», aseguran personas de su entorno.

El secretario General de IIPP no contó a los representantes sindicales que en realidad el director de Valdemoro acudió a la juez para rectificar su declaración ante la Guardia Civil después de la que defensa de Miguel Ángel amenazase con acusarlo de falso testimonio.

Fuentes sindicales afirman que este centro penitenciario ha pasado de ser uno de los destinos más solicitados por los funcionarios de prisiones de toda España a convertirse en uno de los que más puestos vacíos genera y el primer destino de vacante de carrera y añaden que «este hecho es lo más grave que he vivido en Prisiones, después de los atentados de ETA o el secuestro de Ortega Lara. Meten a cuatro inocentes en prisión y ahora nadie es responsable».

Los tres funcionarios inocentes ingresaron en la cárcel de Estremera el 31 de mayo de 2021, acusados de «organización criminal, prevaricación, cohecho, delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y omisión del deber de perseguir delitos», según el auto de prisión. Quedaron en libertad el 14 de octubre de 2021, cuatro meses y medio después. La juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro decretó su puesta en libertad y posteriormente el archivo definitivo de la causa tras escuchar los delirantes testimonios de los presos en sede judicial, única prueba de cargo que había contra ellos y archivó definitivamente el caso contra ellos el 25 de mayo de 2022.