Las recientes paritarias por aumento salarial para las empresas de seguridad privadas conlleva una reflexión más profunda para justipreciarlo. Será una cuestión de discusión en los ámbitos que correspondan y de negociaciones entre quienes tienen personería y representación de los trabajadores y las empresas, así como del rol del Estado en su intermediación y solución de la contienda de intereses.

Así planteado, el servicio de seguridad ¿es público o privado? ¿Pueden agremiarse todos los integrantes del sistema? Los cordobeses entendimos en diciembre de 2013, entre el 3 y el 5 de dicho mes, que la ausencia total del servicio de seguridad brindado por la Policía provincial conlleva al caos social instantáneo.

Luego de los saqueos, se dio una situación política de “contagio” nacional en los reclamos y se consiguieron acuerdos, pero no la sindicalización de las fuerzas, uno de los puntos solicitados.

La realidad es que el sistema de seguridad hoy es mixto y se divide entre quienes lo pueden pagar y quienes dependen del Estado en la prestación del servicio, siempre reduciendo el análisis a las grandes urbes, va de suyo, y dejando de lado la atípica situación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Puerto Madero es controlado por Prefectura, o del conurbano, con actuación de Gendarmería.

En la primera línea están los barrios abiertos y cerrados, con o sin personas jurídicas que los agrupan, que contratan a empresas registradas, cooperativas con empleados formales o irregulares, o a adicionales de las fuerzas. Pueden incluso contratar de manera totalmente informal a personas que, en garitas o vehículos propios, cumplen funciones autodenominadas de seguridad.

En la segunda línea se encuentra la población en general, que con sus impuestos pretende la prestación del servicio por parte de las fuerzas de seguridad publica, la cual, de acuerdo con múltiples factores, puede ser buena, mala, pésima o inexistente.

Los primeros padecen de hecho una “doble tributación”, no real en términos impositivos, pero lo cierto es que pagan dos veces por un mismo servicio.

En poquísimas palabras, esa es la realidad del sistema de seguridad. Luego vendrán los planteos legales, constitucionales y administrativos –y las consecuencias civiles– en relación con garitas, barreras, conos, controles de acceso, filmaciones, cercas perimetrales, muros y alarmas comunitarias; controles de DNI y patentes; apertura de baúles; autorizaciones o negativas de ingreso; aplicaciones para smartphones; reglamentos internos, etcétera. Súmele el poder de Policía de los municipios y el sistema es de una magnitud y complejidad muy difícil de apreciar.

Hoy la seguridad ya no es más un fin esencial administrado por el Estado. Sólo un miope no se da cuenta de que las garitas y vigiladores se diseminan a lo largo y a lo ancho de la provincia. Sería casi imposible determinar con exactitud cuántos agentes están empleados en el sistema privado, y seguramente mucho más fácil saber cuántos en el sistema público del Estado. Si ejercieran el derecho a huelga los empleados del subsector privado, ¿qué pasaría con la seguridad?

Lo que queda claro es que, sin acuerdos salariales y sin orden, el sistema se cae. Unos y otros tienen el deber de que el servicio se preste de manera adecuada y que quienes lo prestan tengan los recursos necesarios para llevar adelante el servicio. A la mesa de la seguridad, tienen que estar invitados; el Estado debe ser el anfitrión y regularlo de una vez por todas en forma conjunta. Los cordobeses tenemos el derecho a sentirnos, estar y vivir con y en seguridad.