La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido hoy condenar al exconsejero de Interior de Quim Torra Miquel Buch a seis años de prisión y quince de inhabilitación por, supuestamente, organizar un servicio de escolta para Carles Puigdemont en Bélgica. El escrito de acusación atribuye a Buch presuntos delitos de malversación y prevaricación. También señala al sargento de la policía catalana Lluís Escolá quien, presuntamente, lideró este operativo.

Sobre Buch, el Ministerio Público explica que acordó con el expresidente fugado montarle un servicio de seguridad personal prestado por agentes de su «estricta confianza» a costa del erario público después de que este fuera desprovisto de su condición de «autoridad» por parte de la Justicia. Además, indica que cerró un expediente disciplinario abierto contra el sargento de los Mossos Lluís Escolà (responsable de la seguridad de Puigdemont en su etapa como presidente) por acompañarle en su huida de España tras el 1-O.

Precisamente, en su petición de apertura de juicio oral contra Buch, el Ministerio Público también menciona y acusa a Escolá. Sobre este agente, la fiscalía explica que en los días 28 y 29 de octubre de 2017, posteriores al referéndum del 1-O, se desplazó hasta la casa del recientemente cesado Puigdemont (artículo 155) en Gerona. Allí se encontró con el expresidente y le ayudó a marcharse de España para eludir a la Justicia.

«Dispositivo clandestino»

«(Puigdemont) decidió eludir la acción judicial y abandonar precipitadamente el territorio nacional, acción para la cual solicitó y obtuvo el auxilio del acusado señor Escolá, quien, sin comunicar tal circunstancia a sus superiores jerárquicos, y tras recabar el auxilio de otros funcionario del Cuerpo de Mossos, en la noche del 29 de octubre, organizaron un dispositivo clandestino que les permitió acompañar y escoltar al huido hasta Francia, donde tomó un ación que le condujo a Bélgica», abunda la Fiscalía.

Tras ayudar a Puigdemont a abandonar España, los Mossos amonestaron y abrieron un expediente disciplinario contra Escolá, no obstante, este siguió colaborando con el expresidente. Según la Fiscalía, el agente fue cambiado de destino (mandado a Martorell) pero no se incorporó a este ya que empezó a encadenar vacaciones, permisos y libranzas. «Entre el 30 de octubre de 2017 y el 20 de julio de 2018 el acusado no ejecutó un solo día de servicio activo en su actividad propia de funcionario de la Policía autonómica, sí vino en cambio a realizar numerosas salidas al extranjero, al objeto de prestar labores de custodia y seguridad para el ya entonces procesado rebelde Puigdemont, a requerimiento del mismo», detalla la Fiscalía.

Tras esa etapa, Escolá fue nombrado en 2018 «asesor en materia de sistemas de seguridad» del Departamento de Interior que dirigía Buch. «Dicha designación respondía únicamente al propósito de procurar, desde el Govern de la Generalitat y con cargo a los fondos públicos, un servicio de ‘escolta’ permanente al declarado procesado rebelde (…) Carles Puigdemont», expone la Fiscalía. Tras ser nombrado asesor, Escolá pidió el alta y viajó a París. El 28 de julio de ese año Puigdemont volvió a Bélgica tras varias semanas detenido en Alemania. A partir de ese momento, se pudo observar al sargento prestando «labores de vigilancia y protección ejercidas por Escolá».

Penas, prisión y indemnización

Según la Fiscalía, los hechos cometidos constituyen delitos prevaricación y malversación de caudales públicos por los que Buch debe responder en calidad de autor y Escolá de «cooperador necesario». Por ello, pide quince años de inhabilitación y seis de prisión para el primer y trece de inhabilitación y cuatro de prisión para el segundo. Asimismo, la Fiscalía pide a los acusados que indemnicen conjuntamente a la Generalitat con 52.700 euros más intereses por el perjuicio patrimonial causado.

«Me piden 6 años de cárcel y 12 inhabilitado para nombrar a Interior un asesor experto en seguridad. Una pieza más de la causa general contra el independentismo. Ellos no se detienen, pero nosotros tampoco. Seguimos», ha tuiteado hoy Miquel Buch, alejado de la primera línea de la política catalana desde septiembre de 2020, cuando Torra lo sutituyó en el Govern. Tampoco estuvo en las listas de Junts en las elecciones catalanas del 14 de febrero.

Mandos del grupo de escoltas de la Policía autonómica alteraban los cuadrantes de libranzas para que un grupo de entre 17 y 18 agentes pudiese alternarse en las labores de vigilancia en Waterloo.

También se ha constatado cómo se usaron medios materiales para formar la guardia de Puigdemont en Waterloo (Bélgica), así como de la creación de la llamada Área de Seguridad Institucional (ASI), un subgrupo especializado de vigilancia dependiente de Presidencia y no de la jefatura de Mossos que en realidad, con el supuesto conocimiento de Quim Torra y el exconsejero Miquel Buch, funcionaba como una tapadera para desviar medios a Bélgica.