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Legalidad de los sistemas de video vigilancia (CCTV)

Legalidad de los sistemas de video vigilancia (CCTV)

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Hoy en día, la utilización de sistemas de video vigilancia como una medida de protección para garantizar la seguridad ciudadana en lugares públicos y privados, con el fin de lograr la protección de bienes en lugares privados; debe estar en apego al respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos, privilegios otorgados mediante la Constitución.

Pero entonces, cuál es el fundamento legal para su utilización. Con la llegada de la Ley que regula los servicios de seguridad privada, Acuerdo Gubernativo 52-2010 y su reglamento, se ha establecido en los artículos 1, 6 y 41 de la misma ley, los lineamientos necesarios para que todas aquellas empresas que deseen obtener los permisos para la instalación de centrales de monitoreo y su transmisión de señales hacia las instituciones de seguridad pública, deben cumplir una serie de parametros

Para responder esta pregunta, debemos entender plenamente que los trabajadores gozan de derechos, por lo que es conveniente dejarlo plasmado en una política interna de seguridad, sin dejar por un lado que la legalidad sobre la utilización de dispositivos de video vigilancia se basa en dos importantes aspectos:

a) el propósito de su uso y

b) la expectativa a la privacidad.

Los propósitos claves para la utilización de sistemas de video vigilancia dentro de las organizaciones son: como medio disuasivo, para la prevención de delitos, proteger la propiedad, bienes, y detectar intrusos o actos delictivos.

Y las que son utilizadas como apoyo en los procesos de recopilación de indicios de manera interna, mismos que tendrán que ser puestos a disposición de las autoridades competentes cuando se realicen los procesos de investigación correspondiente; por lo regular estos son dispositivos ocultos, instalados en áreas específicas determinadas de mayor riesgo, por parte del encargado de la seguridad.

Sin embargo, es importante resaltar que el diseño de los sistemas de video vigilancia y la ubicación de cámaras queda a criterio personal del encargado de la seguridad.

En ambos casos, el uso de cámaras no debe estar basado en vigilar a una persona en específico o a modo de medir la productividad de los empleados.

Al momento de diseñar los sistemas de video vigilancia, no podemos dejar por un lado la expectativa a la privacidad, derecho otorgado por la Constitución Política de la República de Guatemala, de allí que dichos dispositivos no se coloquen dentro de las áreas de vestidores, baños y otros, que puedan transgredir dicho derecho y que violenten la privacidad del usuario; ya que lamentablemente dichos dispositivos pueden ser fácilmente manipulados por personas mal intencionadas, sin escrúpulos.

Otro punto importante para resaltar, es el mal diseño que se haga del sistema, lo que puede generar el mal uso de las imágenes y audios captados por medio de estos dispositivos.

Un hecho que se considera oportuno mencionar, es que, esta tecnología no sustituirá la fuerza laboral humana, puesto que son dispositivos que no tienden a pensar o tomar decisiones, aunque si se pueden calibrar o programar para que hagan determinadas analíticas, pero resolver problemas, no ya que estas son características únicamente de la genética humana.

Pero qué pasa cuando el usuario de dichos servicios son las fuerzas de seguridad pública y las Municipalidades en Guatemala. En el año 2014 se redactó la iniciativa de ley 4877 presentada a la comisión de seguridad denominada “Ley reguladora de cámaras de video vigilancia”; la cual, solo fue presentada pero no fue puesta a discusión dentro del pleno.

Esta ley, breve pero sustancial, establece los mecanismos necesarios por medio de los cuales se autorizará y mediante qué circunstancias, podrán hacer uso las fuerzas de seguridad pública, incluidas las municipalidades; para su colocación, monitoreo y vigilancia.

Esta ley, nos pondría al lado de países europeos como España, donde tienen todo un marco legal regulatorio sobre la utilización de esta tecnología, velando por la seguridad de los ciudadanos.

En el año 2017, el Centro de Investigación Económica Nacional (CIEN) elaboró un informe sobre la función de los sistemas de video vigilancia, o sistemas de CCTV, como medida de alerta ante la posibilidad de ocurrencia de hechos criminales; dicho informe hace mención sobre el mal uso que se pueda dar a la información captada por medio de estos dispositivos, los cuales a la fecha no cuentan con una ley que les regule de la forma debida.

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Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad

Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad

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Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad
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La Zona Franca de Vigo ha tomado una iniciativa pionera en el sector de la seguridad al implementar un servicio de vigilancia con drones. Este proyecto es el resultado de un acuerdo entre Zona Franca y Securitas Seguridad España, y busca optimizar la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial en el parque empresarial de Balaídos.

El sistema de seguridad aborda tres ejes clave: seguridad, protección y operaciones. En términos de seguridad, los drones estarán equipados con tecnologías de detección de intrusos, robos y acciones vandálicas, permitiendo una respuesta rápida y eficaz ante cualquier tipo de amenaza. Además, la presencia de drones mejorará la protección de los trabajadores y visitantes de la Zona Franca, al mismo tiempo que contribuirá a garantizar la continuidad de las operaciones en el parque empresarial.

Securitas ha formado a seis vigilantes para el desarrollo de este proyecto, los cuales cuentan con el certificado de piloto de drones. La compañía ha indicado que los drones juegan un papel clave en la evolución de la seguridad privada y están cambiando la forma de proteger muchas instalaciones, pero es importante cumplir con la estricta regulación de seguridad para poder implementar de manera efectiva este tipo de soluciones.

El servicio de vigilancia con drones permitirá visualizar las imágenes en tiempo real en la consola de control del aparato, tanto desde el centro de control de seguridad como desde un centro de control remoto. En un futuro, se prevé la posibilidad de llevar a cabo vuelos programados con rutas preestablecidas, siempre bajo la supervisión de los pilotos-vigilantes.

En resumen, la implementación de este servicio de vigilancia con drones en la Zona Franca de Vigo es una iniciativa pionera que busca mejorar la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial en el parque empresarial de Balaídos. Con el tiempo, se espera que esta solución tenga un impacto positivo en la forma en que se aborda la seguridad en el sector privado y permita una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier tipo de amenaza.

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Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza

Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza

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Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza
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El castillo de Salvacañete, situado en la provincia de Cuenca en España, es propiedad de la familia Revoredo desde hace siglos. La fortaleza medieval y sus alrededores son explotados por la familia para actividades cinegéticas. La familia Revoredo es una de las más ricas de España y ha sido objeto de una sentencia judicial tras intentar evadir el pago de más de 94.300 euros en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El caso tiene sus raíces en 2014 cuando la sociedad Hispaninver SL, que es parte de la familia Revoredo, presentó sus liquidaciones del IVA a la Agencia Tributaria y reclamó una devolución de más de 95.700 euros. La inspección analizó los datos presentados y descubrió que estos eran incorrectos y los corrigió a una devolución de solo 1.400 euros. La decisión fue respaldada por el Tribunal Económico Administrativo de Madrid y el recurso presentado por la familia Revoredo fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La familia Revoredo incluyó gastos no vinculados con la actividad para la que fue creada la sociedad en la liquidación del IVA, como los gastos en suministros de telefonía y energía y las obras de reforma y mantenimiento del castillo. Aunque el castillo es propiedad de Hispaninver, su uso está arrendado a otra sociedad, Agrocinegética San Huberto SL, que es propiedad en exclusiva de Helena Revoredo, presidenta de Prosegur.

La ley limita la devolución del IVA solo a aquellos gastos que están directamente vinculados con la actividad de la empresa. La Agencia Tributaria concluyó, tras una investigación, que los gastos incluidos por Hispaninver en su liquidación del IVA no estaban vinculados con la actividad de la sociedad y, por lo tanto, no podían ser deducidos.

La sentencia del TSJM es un recordatorio de que las empresas tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales y que la ley limita los gastos deducibles para evitar la evasión fiscal. Los contribuyentes deben ser cuidadosos y asegurarse de incluir solo gastos directamente vinculados con su actividad comercial en sus liquidaciones del IVA para evitar cualquier problema legal o fiscal.

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Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas

Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas

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Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas
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Durante los últimos cinco meses, un grupo de trabajadores de seguridad privada en la estación marítima del puerto de Tarifa han estado viviendo una situación difícil.

La empresa que los contrata, Prosetecnisa, los ha dejado sin cobrar, sin horarios y sin un coordinador que se haga responsable.

La situación se ha agravado desde la llegada de la pandemia del coronavirus, cuando comenzaron a haber retrasos en los pagos.

Sin embargo, después de la OPE del pasado verano, los problemas empeoraron con el incumplimiento de compromisos y el impago de nóminas, lo que ha dejado a los trabajadores sin ingresos desde agosto.

Los trabajadores han informado a los sindicatos y a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras sobre la situación, pero aún no han recibido una solución.

La empresa Hispanosegur había sido señalada como posible sustituta, pero aún no ha finalizado todos los trámites necesarios para tomar el relevo.

Los trabajadores describen su situación como «desesperante» ya que no tienen certeza sobre su futuro ni quién puede ser responsable.

A pesar de todo, continúan asistiendo a su trabajo y demostrando su compromiso y profesionalismo, incluso pagando sus propios gastos de desplazamiento.

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